El acuerdo municipal 020 de 2012 estableció la creación del observatorio de los derechos de la mujer y asuntos de equidad de género; constituyéndose como un centro de información sobre la política, los planes, los programas, las normas, la jurisprudencia y normas internacionales, con el propósito de promover un efectivo cumplimiento a lo establecido en la Ley, relacionado directamente con los derechos de la mujer y asuntos de equidad de género en el Municipio. El objetivo del observatorio es identificar, clasificar y seleccionar un sistema de indicadores  que permitan verificar el el cumplimiento de los derechos de la mujer y equidad de género , que incluirá categorías de análisis y mecanismos de seguimiento, que sirvan para tomar decisiones y la implementación de medidas de manera efectiva.

En el marco de la mesa interinstitucional de erradicación de la todas las formas de violencia contra la mujer del municipio de Ibagué, en donde tienen asiento las entidades con competencia en la prevención, atención y  la protección de todas las violencias contra la mujer: Fiscalía, Comisarías de Familia, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría de Familia, Academia, Secretarías de despacho y sociedad civil. Se realizó una actualiazción colectiva de la ruta de atención de todas las violencias que fectan a las mujeres ibaguereñas, la cual fue presentada y aprobada en el Consejo de Política Social el día 13 de Junio de 2017.

La ruta consiste en seis pasos. El primero de ellos y más importante, es que la mujer rompa el silencio y denuncie: «Luego de eso se debe clasificar el tipo de violencia, que puede ser física, psicológica – verbal, económica, patrimonial  y/ sexual; seguido se debe conocer la entidad a la que se debe acudir; el paso siguiente es saber cuáles son las instituciones que ejecutan las medidas de protección, además de los lugares que ofrecen medidas de atención y estabilización”.

Finalmente, se debe obtener un resultado para la mujer que ha denunciado este tipo de casos de violencia. Es decir, la fijación de medidas de protección, restablecimiento de derechos para la víctima y sus hijos, judicialización del agresor, recibir atención psicosocial, médica y/o psiquiátrica, entre otras.